
A medida que el condado de Yakima comienza a permitir la reapertura de los negocios, a menudo me han preguntado si una empresa podría ser considerada legalmente responsable (culpable) si un cliente o consumidor se expone a la COVID-19 y enferma. La respuesta corta: es complicado.
En el estado de Washington, para que una empresa sea considerada responsable, una persona debe demostrar negligencia, es decir, que la empresa no ejerció un nivel razonable de cuidado para prevenir la propagación de la COVID-19. Por ejemplo, es posible que un restaurante no exija a sus trabajadores el uso de mascarillas y permita que más clientes coman en el establecimiento según las directrices. Incluso si una empresa ha podido ser negligente, la persona también debe demostrar que dicha negligencia causó el daño. Desde una perspectiva legal, es difícil demostrar que una empresa causó negligentemente la propagación del virus resultando en enfermedad. Debido a la falta de rastreo de contactos, la naturaleza generalizada del virus y el hecho de que muchas personas acuden a múltiples establecimientos cada semana, es casi imposible determinar el origen de la enfermedad.
Lo que lo hace aún más difícil es el hecho de que muchos estados han aprobado leyes de inmunidad. Al menos 12 estados han aprobado leyes que protegen a las empresas de la responsabilidad, a menos que la persona perjudicada pueda demostrar una «negligencia grave»: la «falta de una mínima diligencia o cuidado» o «un acto u omisión consciente y voluntario en desprecio temerario de un deber legal y de las consecuencias para otra parte». Hasta la fecha, Washington no ha aprobado una ley de este tipo. Se ha hablado de aprobar una ley a nivel federal que proporcionaría inmunidad a muchas empresas, pero actualmente no existe ninguna para la exposición negligente de los consumidores a la COVID-19.
Otro obstáculo es que muchas empresas —desde residencias de ancianos hasta peluquerías o escuelas— intentan eludir su responsabilidad legal mediante el uso de exenciones. Una exención impide que una persona demande si enferma o muere tras haber estado expuesta a la COVID-19. No está claro si los tribunales de Washington aplicarán estas exenciones.
Los abogados de Abeyta Nelson esperan ver muchos casos presentados contra residencias de ancianos por no proteger a sus residentes de la COVID-19. Un ejemplo claro es el Life Care Center en Kirkland, Washington, que ocupó los primeros titulares durante la pandemia. A mediados de marzo de 2020, 81 de sus 120 residentes dieron positivo en las pruebas del virus, lo que provocó 34 muertes. Es inevitable que se presenten demandas contra las residencias de ancianos.
Aunque presentar una reclamación por exposición a la COVID-19 es difícil, no es imposible. Los abogados de Abeyta Nelson tienen fama de aceptar y ganar casos difíciles. Si cree que ha estado expuesto negligentemente a la COVID-19, llame a Abeyta Nelson Injury Law de inmediato. Nunca cobramos por analizar sus dudas con nosotros y no hay honorarios a menos que ganemos su caso. Cuanto antes nos involucremos, más ayuda podremos ofrecerle.
—entrada de blog escrita por el abogado David Abeyta, Abeyta Nelson Injury Law